La ruta de los derechos políticos-electorales 

de las mujeres

Mary Telma Guajardo Villarreal solicitó ante el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ser considerada como candidata a diputada federal por el principio de representación proporcional en la segunda circunscripción plurinominal, pero dicha lista se conformó iniciando con una mujer, seguida de dos fórmulas de candidatos hombres y luego dos fórmulas de mujeres (la actora fue registrada en el 4º lugar de la lista).

Mary Telma Guajardo Villareal, inconforme con el lugar de la lista que le tocó, promovió medio de defensa interno ante el PRD, el cual se declaró infundado.

En contra de esa determinación, interpuso juicio de la ciudadanía (JDC) y la Sala Superior del TEPJF consideró fundado el agravio de la actora ya que de una interpretación gramatical y sistemática de lo dispuesto en el artículo 220, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), se advirtió que la regla de alternancia para ordenar las candidaturas de representación proporcional consiste en colocar en forma sucesiva una mujer seguida de un hombre o viceversa, hasta agotar las candidaturas de modo tal que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos. Esto es, las candidaturas de género distinto deben colocarse de manera alternada, en forma sucesiva e ininterrumpidamente.

En consecuencia, se revocó la resolución impugnada emitida por el PRD y para restituir a Mary Telma en el uso y goce del derecho político-electoral violado, y dar cumplimiento a la regla de alternancia, se ordenó al PRD solicitar ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), la modificación de la lista de candidaturas a diputaciones federales por el principio de representación proporcional, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, para colocar en tercer lugar a Mary Telma Guajardo Villarreal y en la cuarta posición a Baldomero Ramírez Escamilla.

Gracias a esta decisión de la Sala Superior del TEPJF, Mary Telma Guajardo Villarreal logró acceder a la diputación federal en las elecciones de 2009.

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Regla de Alternancia entre los Géneros en las Listas de Candidaturas de Representación Proporcional
Integración sin respetar la alternancia entre los géneros	Integración respetando la alternancia entre los géneros según la Sala Superior del TEPJF
1. Mujer	1. Mujer	1. Hombre
2. Hombre	2. Hombre	2. Mujer
3. Hombre	3. Mujer	3. Hombre
4. Mujer	4. Hombre	4. Mujer
5. Mujer	5. Mujer	5. Hombre

El TEPJF vinculó a los partidos políticos a integrar cada fórmula de candidaturas con personas del mismo género, erradicando la posibilidad de que se forzara a renunciar a las mujeres propietarias de diputaciones o senadurías, para que el cargo fuera desempeñado por suplentes hombres.

Se le ha llamado la "sentencia antijuanitas" dado que tiene como referencia lo sucedido con Rafael Acosta Ángeles, también conocido como "Juanito", quien fue electo como jefe delegacional de Iztapalapa en 2009 y, una vez que asumió el cargo, declinó para que Clara Brugada Molina desempeñara dicho cargo.

En la sentencia SUP-JDC-12624/2011 se estableció la regla de que la cuota de género debía cumplirse en la postulación a cargos de mayoría relativa y de representación proporcional, sin que se exceptuaran las candidaturas que hubieren sido producto de un proceso democrático al interior de los partidos políticos.

Esta sentencia propició que un mayor número de mujeres fueran electas como diputadas federales y senadoras en el año 2012, en tanto que en 2009 las mujeres apenas representaban el 27.6% de la cámara de diputadas y diputados, mientras que en 2012 llegaron al 37.8%, registrándose un crecimiento de 10 puntos porcentuales. Y en el senado las mujeres pasaron de un 17.96% en 2006 al 33% en 2012, con un crecimiento del 15%.

Además, se garantizó la permanencia de mujeres desempeñando los cargos de elección popular, ya que, ante la separación del cargo de la mujer propietaria, entonces su suplente mujer ejercería el mismo.

Se promovieron 27 juicios de la ciudadanía por hombres para cuestionar el acuerdo CG224/2013 del Consejo General del IFE, por el que se aprobaron los lineamientos del concurso público 2013-2014 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral, como medida especial de carácter temporal dirigido solamente a mujeres, con la finalidad de acelerar la igualdad numérica de integrantes, hombres y mujeres, en el mencionado Servicio Profesional Electoral, en atención a diversas “Recomendaciones Generales” hechas al Estado Mexicano por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y a lo previsto en diversos instrumentos internacionales.

La Sala Superior del TEPJF confirmó dicho acuerdo CG224/2013, al estimar justificada la acción afirmativa aprobada por el IFE, en tanto que, de la revisión a las plazas ocupadas del Servicio Profesional Electoral, cuyo total en 2013 ascendía a 2,246 plazas, se advirtió que el 78.20% estaban ocupadas por hombres y solamente el 21.80% eran ocupadas por mujeres, mientras que en ese entonces estaban vacantes 136 plazas que correspondía al 6.06%. Además de que la mayoría de las plazas ocupadas por mujeres se ubicaban en las plazas de menor jerarquía, esto es, de carácter operativo como jefaturas de departamento a nivel central y las jefaturas de oficina de seguimiento y análisis a nivel local y distrital.

Mientras que la participación de mujeres en puestos directivos era significativamente baja, ya que en las 32 entidades federativas sólo había 3 mujeres Vocales Ejecutivas de Juntas Locales que representaban un poco más del 9% de los 32 cargos y en las juntas distritales sólo había 31 mujeres Vocales Ejecutivas de Juntas Distritales, de 300 plazas lo que equivalía al 10.33%.

Por ello, se consideró necesaria y apegada a derecho la determinación del IFE de adoptar una medida especial de carácter temporal, consistente en el primer concurso exclusivo para mujeres con la finalidad de que se integraran al Servicio Profesional Electoral, a fin de hacer efectivo el principio de igualdad entre hombres y mujeres, con el objetivo específico de acelerar la igualdad numérica entre mujeres y hombres, para integrar el mencionado Servicio Profesional Electoral.

Al confirmar el concurso solamente para mujeres para que se integraran al servicio profesional electoral del IFE, ahora INE, se propició que un mayor número de mujeres fueran designadas para ocupar cargos de decisión, incluyendo las vocalías ejecutivas locales y distritales, entre otros puestos.

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	Integración del Servicio Profesional Electoral IFE (por género) Año 2013			Integración del Servicio Profesional Electoral Nacional SISTEMA INE (por género) Actualizado al 17 de abril de 2024
Concepto	Plazas ocupadas	Hombres	Mujeres	Plazas ocupadas	Hombres	Mujeres
Órganos Centrales	---	---	---	375	204	171
Órganos Desconcentrados	---	---	---	2,124	1,177	947
Total	2,246	1,756 78.20%	490 21.80%	2,499 100%	1,381 55.26%	1,118 44.74%

CARGOS DE MAYOR JERARQUÍA EN LAS JUNTAS EJECUTIVAS LOCALES Y DISTRITALES
Vocalías Ejecutivas de Juntas Locales	32	29 90.62%	3 9.38%	32	20 62.5%	12 37.5%
Vocalías Ejecutivas de Juntas Distritales	300	269 89.67%	31 10.33%	298 *Existen 2 vacantes	180 60.4%	118 39.6%

El TEPJF se pronunció sobre casos de violencia política contra las mujeres en razón de género antes de que se regulara ese tema por el poder legislativo, cuya reforma se publicó el 13 de abril de 2020. En 2015, Rosa Pérez Pérez -de origen tzotzil- fue electa como Presidenta Municipal en Chenalhó, Chiapas y asumió ese cargo el 1º de octubre de ese año; convirtiéndose en la primera mujer Presidenta Municipal Constitucional de San Pedro, Chenalhó, en los Altos de Chiapas. Sin embargo, desde abril de 2016, habitantes de Chenalhó tomaron en forma violenta el Congreso de Chiapas, exigiendo su renuncia sin lograrlo.

Posteriormente, el 25 de mayo de 2016, los diputados locales Oscar Eduardo Ramírez Aguilar y Carlos Arturo Penagos Vargas fueron retenidos, secuestrados y trasladados contra su voluntad a Chenalhó, donde fueron amenazados de ser exhibidos y quemados vivos, si Rosa Pérez Pérez no renunciaba al cargo de Presidenta Municipal. Ese mismo día, funcionariado de la Secretaría de Gobierno, del Congreso local y de la Procuraduría de Justicia de Chiapas, exigieron a Rosa Pérez Pérez su renuncia al cargo de Presidenta Municipal, porque era la condición para que los diputados fueran liberados. En esas condiciones, Rosa Pérez Pérez presentó su renuncia.

El 25 de mayo de 2016, el Congreso del estado de Chiapas designó a Miguel Santiz Álvarez como Presidente Municipal de Chenalhó ante la aparente renuncia de Rosa Pérez Pérez, quien impugnó dicho acuerdo a través del juicio ciudadano SUP-JDC-1654/2016 apoyada por la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF, alegando que fue obligada a renunciar al cargo de Presidenta Municipal, que se violentó su derecho de participación política ejerciendo el cargo para el que fue electa, dado que era víctima de violencia política en razón de género.

La Sala Superior del TEPJF determinó que la renuncia firmada por Rosa Pérez Pérez al cargo de Presidenta Municipal del Municipio de Chenalhó, Chiapas, emergió de un contexto de violencia política que obedeció, en parte, a su condición de mujer; por tanto, dicha renuncia fue suscrita sin su voluntad, por lo que no podía producir efectos jurídicos.
En consecuencia, se revocó el Decreto 216 emitido por la Legislatura del Estado de Chiapas, mediante el cual se aprobó la renuncia de Rosa Pérez Pérez al cargo de Presidenta Municipal de Chenalhó y, a su vez, designó a Miguel Santiz Álvarez como Presidente Municipal de esa localidad.
Para restituir a la actora en el uso y goce del derecho político electoral violado, se ordenó al Congreso Local que, de manera pronta y eficaz, con el apoyo del Poder Ejecutivo Estatal, se realizaran todos los actos jurídicos y materiales dirigidos a efectuar la reincorporación de Rosa Pérez Pérez al cargo de Presidenta Municipal de San Pedro Chenalhó, Chiapas, para el que fue democráticamente electa en 2015.

Desafortunadamente, dicha sentencia no se cumplió inmediatamente y fue necesario que la actora promoviera diversos incidentes de incumplimiento de la sentencia SUP-JDC-1654/2016, entre otras cosas, porque la Asamblea Popular conformada por 111 comunidades del Municipio de Chenalhó, Chiapas, determinó no aceptar la restitución de Rosa Pérez Pérez al cargo de Presidenta Municipal.

La Sala Superior determinó que debían generarse los acuerdos necesarios entre el grupo que se oponía a la restitución -que materialmente estaban dirigiendo el Ayuntamiento- y quienes respaldaban la restitución de Rosa Pérez.
Además, la Sala Superior ordenó al Gobernador, al Congreso Local y al Secretario General de Gobierno de Chiapas, que giraran instrucciones para que los recursos económicos que correspondían al Municipio de Chenalhó, se entregaran a Rosa Pérez, quien legalmente tenía derecho a administrarlos; también ordenó que se dieran las garantías de seguridad y gobernabilidad necesarias para que Rosa Pérez pudiera realizar los actos de gobierno que le correspondían como Presidenta Municipal.

Finalmente, el 14 de marzo de 2017, Rosa Pérez Pérez, alcaldesa constitucional, regresó a la cabecera municipal, después de un poco más de nueve meses de que fue obligada a renunciar y seis meses con 26 días de que fue emitida la sentencia de la Sala Superior. Resaltándose que el cumplimiento no se dio por los causes legales, ya que el 22 de febrero de 2017 las personas que respaldaban a Rosa Pérez Pérez, tomaron por la fuerza el Palacio Municipal de Chenalhó para recuperar el control político del lugar.

El TEPJF se pronunció sobre casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, antes de que se regulara ese tema por el poder legislativo, cuya reforma se publicó el 13 de abril de 2020.

Si bien el asunto estaba relacionado con el Partido del Trabajo y la selección de su dirigencia, con este caso la Sala Superior del TEPJF formuló una regla aplicable a todos los partidos políticos en el sentido de que tienen el deber de integrar sus órganos de dirección partidista de forma paritaria, sin restricción alguna por cuestión de género, al tener la obligación de promover tanto la participación política como la igualdad entre los hombres y mujeres que militen en ellos.

En el entendido de que las previsiones normativas que delimiten y generen certeza respecto a la forma en que se garantizará el principio de paridad no tienen que contenerse, de manera necesaria, en los Estatutos del partido, pero los partidos sí deben contar con el instrumento que prevea las reglas correspondientes.

La Sala Superior precisó que la paridad de género, así como la participación política igualitaria entre mujeres y hombres constituyen ejes centrales para materializar los derechos político-electorales, dentro de los cuales se encuentra el derecho de afiliación, mismo que comprende, entre otras cuestiones, la posibilidad de que las mujeres formen parte de los órganos internos de los partidos políticos.

Se ordenó al PT que realizara los actos necesarios para que, en la elección de las personas integrantes de los órganos directivos se garantizara la paridad de género en su integración.

Con lo anterior, los partidos políticos tienen el deber de integrar en forma paritaria sus órganos de dirección, para promover la participación política de la militancia, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.

Por primera vez en México se logró que la Cámara de Diputadas y Diputados para el periodo 2021-2024 se integrara en forma paritaria (mismo número de mujeres y hombres), gracias al ajuste en la asignación de curules de Representación Proporcional

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El INE determinó que la Cámara de Diputadas y Diputados se integrara con 248 mujeres (49.6%) y 252 hombres (50.4%), tomando en cuenta las diputaciones por ambos principio; pero afortunadamente la Sala Superior, en las sentencias SUP-REC-1410/2021 y SUP-REC-1414-2021, revocó la asignación de diputaciones de representación proporcional que recayeron en fórmulas integradas por hombres y determinó que esas diputaciones se asignaran a fórmulas de mujeres, para que entonces se contara con un total de 250 diputaciones para mujeres y 250 curules para hombres.

En consecuencia, la Sala Superior del TEPJF modificó el acuerdo INE/CG1443/2021 del Consejo General del INE, para asignar dos diputaciones federales de representación proporcional a fórmulas de candidatas para que en total se contará con 250 mujeres legisladoras.

Así se logró por primera vez en México, que la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión se integrara en forma paritaria, es decir, con 250 mujeres (50%) y 250 hombres (50%).

Si las mujeres representan más del 51% de la población en México, lo justo es que estén presentes en la toma de decisiones en condiciones de igualdad. En este caso, que las mujeres ocupen la mitad de las diputaciones federales, para el ejercicio de su voz en lo público y político.

Esta sentencia posicionó a México en el 4º lugar a nivel mundial, en el logro de la paridad plena en los órganos legislativos.

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Nulidad de una elección municipal por violencia política contra una mujer en razón de género

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En 2021, por primera vez se anularon dos elecciones municipales por haberse cometido violencia política en razón de género contra las mujeres candidatas. Con ello, se dejó claro que la violencia política no es el costo que deben pagar las mujeres que participan en política.

El 25 de septiembre de 2021, al resolver el expediente SCM-JRC-225/2021, la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF determinó que sí se acreditó la violencia política en razón de género que se ejerció en contra de Ruperta Nicolás Hilario, candidata a Presidenta Municipal postulada por Movimiento Ciudadano (quien pretendía reelegirse), razón por la cual decretó la nulidad de la elección municipal de Iliatenco, Guerrero, porque se realizaron diversas pintas con expresiones en contra de Ruperta Nicolás Hilario basadas en estereotipos de género, con afirmaciones como “las mujeres no sirven para gobernar”.

Al considerar que, si bien no era posible atribuir con precisión la persona o personas físicas que realizaron dichas pintas que constituyeron violencia política par razón de género contra la candidata, lo cierto es que sí fue posible determinar que dichas pintas beneficiaron al resto de partidos y candidaturas contendientes, sin que conste que estos se hubieran deslindado de tal propaganda que expresamente llamaba a no votar para una de las contendientes en la elección. Además, se consideró que esa situación fue determinante para el resultado de la elección, porque entre el 1° y 2° existían solamente 53 votos de diferencia (0.97%).

El 29 de septiembre de 2021, al resolver el expediente SUP-REC-1861/2021, la Sala Superior del TEPJF confirmó la nulidad de la elección municipal porque se comprobó la existencia de pintas con mensajes con connotaciones peyorativas hacia una candidata a la presidencia municipal de Iliatenco, Guerrero, cuyo contenido afectó la imagen pública de la víctima al señalar que por su condición de mujer era incapaz de gobernar. El hecho de que existiera una diferencia de votos entre el 1° y 2° sólo de 53 sufragios (0.97%), actualizó la presunción de que la irregularidad fue determinante para el resultado de la elección.

La población estuvo expuesta a los mensajes en un periodo muy cercano a la elección y durante el periodo de reflexión, también durante su traslado a las casillas correspondientes, porque los mensajes fueron colocados en lugares estratégicos que necesariamente debían ser transitados por las personas votantes. Se concluyó que la violencia política de género tuvo un impacto negativo en el derecho de la víctima a ejercer su derecho a ser votada, pues la puso en una situación de desventaja ante el electorado por los mensajes denigrantes que hicieron referencia a su persona.

La elección extraordinaria se celebró el 28 de noviembre de 2021 y Ruperta Nicolás Hilario, postulada por Movimiento Ciudadano, quedó en 2º lugar por una diferencia de 500 votos (9.60%) respecto a la planilla ganadora.

Nulidad de una elección municipal por violencia política en contra de las mujeres en razón de género.

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El 16 de diciembre de 2021, al resolver el expediente ST-JRC-227/202, la Sala Regional Toluca del TEPJF declaró la nulidad de la elección del ayuntamiento de Atlautla, Estado de México, debido a la violencia política en razón de género en contra de la candidata del PRI, María del Carmen Carreño García, quien quedó en 2º lugar; se estimó que la víctima fue discriminada por ser mujer y que las manifestaciones dirigidas en su contra y expuestas en las bardas con y sin propaganda contienen expresiones sexistas que no tendrían la misma connotación si se hubiesen referido a un hombre.

Se consideró que los mensajes expuestos en bardas aledañas a 13 casillas, pudo tener un impacto en la ciudadanía y población en general, por el mensaje de odio y ofensivo en contra de la candidata del PRI a la Presidencia Municipal, y se partió de la presunción de que la irregularidad acreditada era determinante para dicha elección, derivado de la diferencia de 2.56% de la votación general entre el 1º y 2º lugar.

El 29 de diciembre de 2021, al resolver el expediente SUP-REC-2214/2021, la Sala Superior del TEPJF confirmó la nulidad de la elección, al considerar que la determinación de anular la elección no puede basarse únicamente en el hecho de que la conducta violatoria tenga atribuibilidad o no, sino que es necesario analizar el contexto de una manera integral, así como su impacto y determinancia en el resultado de la elección, tal como lo hizo la Sala Toluca.

Los mensajes en las bardas denunciadas tuvieron un impacto diferenciado en la opinión del electorado de manera determinante, lo que impidió a la candidata del PRI el ejercicio de sus derechos políticos-electorales en su vertiente de acceso al cargo, generando un contexto de desventaja en la contienda frente al resto de las candidaturas. Por ello, la elección se vició de manera trascendente e irreparable en su autenticidad por hechos que no pueden ser pasados por alto debido al desconocimiento de su origen, los cuales tuvieron tal impacto que transgredieron el principio de certeza en la elección.

El 15 de mayo de 2022 se efectuó la elección extraordinaria de Atlautla, Estado de México, y María del Carmen Carreño García, postulada por el PRI quedó en tercer lugar en la votación.